¿Universidades del pueblo?

Oliver Rivas


Tras el retiro de la licencia a RCTV y el pronunciamiento de l@s estudiantes revolucionari@s en la Asamblea Nacional en respuesta a la agitación del movimiento estudiantil de derecha, reaparece en el tapete un tema relegado de la agenda política: las Universidades y el Problema Social.

Si bien durante el gobierno del compañero Hugo Chávez se han impulsado cambios en la educación básica y diversificada, a través de las misiones, simoncitos, escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos, escuelas técnicas robinsonianas…, a nivel universitario las respuestas han sido hasta ahora bastante tímidas.

El gobierno creó la Universidad Bolivariana y tras darse cuenta de que ésta era una respuesta parcial a las demandas educativas del pueblo venezolano, fundó la Misión Sucre, esperando que: 1) esta Misión resolviera las necesidades de estudio de más de un millón de bachilleres de todo el país que había sido excluido de las universidades existentes y; 2) la municipalización trascendiera al modelo de universidad colonial e imperial, centrado en los intereses del maestro y no en los del estudiante, fragmentario, concentrado en las principales ciudades del país y exclusivo para los sectores A y B de la población, como instrumento reproductor de una lógica dependiente, mercantil, individualista y excluyente.

Sin embargo, en la actualidad se mantiene una lucha ideológica y política entre ambos proyectos. Por un lado, las universidades tradicionales (viejas y nuevas) «que no terminan de morir», tienden a conservar sus lógicas y métodos al servicio de la minoría que de ella se beneficia. Por otro lado, la Misión Sucre, «que no termina de nacer», intenta a duras penas re-construir la educación desde los intereses y necesidades de las comunidades populares, enfrentando una relación de desigualdad en la distribución del presupuesto y tremendas contradicciones metodológicas-políticas.

En general, la distribución de los recursos de ese 7% del PIB que se destina a la educación y de los 4 mil millardos de bolívares (no fuertes) que se dirige a la educación superior, es injusta y absurda. Por poner malos ejemplos, mientras a la UCV se le destinan 600 millardos anuales para formar alrededor de 60 mil estudiantes, a la Misión Sucre se le dedican 150 millardos de bolívares aproximadamente para formar a casi 400 mil estudiantes en todo el país y en las condiciones más desventajosas. Por supuesto esto deriva en la incapacidad de garantizar estabilidad laboral y social a l@s docentes dispuest@s a dedicarse a la municipalización de la educación universitaria.

Claro, no es sólo un problema de falta de recursos. Enfrentamos crisis epistemológicas heredadas que no han sido resueltas, como la contradicción teoría-práctica. Nuestras universidades siguen «depositando» en el estudiante cantidad de conceptos y valores funcionales al capitalismo y sustrayendo al estudiante del contexto social, en el que se comprueba la validez de la mayor parte del reservorio teórico-conceptual impuesto o, por su carácter magistrocéntrico y escolástico, termina reduciendo ese proceso a una cátedra de investigación tradicional «desde afuera» y «desde arriba».

Al parecer la Misión Sucre, por su adscripción espacial y social al «lugar», al «territorio», al «hábitat», recoge en la práctica mayor coherencia con la investigación-acción participante, pues la mayoría de sus estudiantes pertenecen a la clase trabajadora y sus docentes tienen una mayor vinculación con el contexto local.

No obstante la municipalización, la universidad continúa siendo un intento voluntarista que no es asumido como una lucha del pueblo organizado con un proyecto político-educativo común.

En conclusión, se creó una estructura paralela, pero se dejó intacta la estructura educativa constituida durante el último siglo, que se fortaleció con el dinero público, financiando a su vez a la derecha enquistada en las universidades, mientras el propósito de una educación al servicio del pueblo sufre de mengua, por falta de recursos y apoyo.

Leyes o falta de ellas
Sabemos que la educación superior no va a cambiar aisladamente, pero sabemos que determinados cambios institucionales facilitan la organización social, permiten acumular fuerzas, de-construir la ideología dominante y ocupar espacios políticos que permitan motivar a su vez transformaciones mayores.

Por ello, creemos que es una debilidad que la legislación venezolana no haya avanzado en esta materia en los últimos ocho años. El Proyecto Educativo Nacional (PEN), a pesar de ser el resultado de una consulta nacional y un proceso educativo constituyente, se engavetó en la Asamblea Nacional miquilenista; la Comisión de Educación no logró avanzar en un proyecto de Ley Orgánica de Educación coherente, aunque se aprobó un proyecto en primera discusión. Por otra parte, no existe una Ley de Educación Superior que contribuya a revertir el orden excluyente y aristocrático que el Pacto de Punto Fijo implantó en las universidades.

La participación de l@s estudiantes revolucionari@s en la Asamblea Nacional ante la movilización fascista anidada en las universidades, logró evidenciar la necesidad de generar cambios profundos en el sistema educativo, rehacer la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación Superior. Cambios que sean resultantes de un verdadero proceso constituyente de base, con participación protagónica de estudiantes revolucionari@s y sectores populares, para que esas leyes tengan como asidero a «los poderes creadores del pueblo», único sostén de las revoluciones.

Organización universitaria
Dado el agotamiento de las instancias tradicionales de representación estudiantil y su incapacidad para contribuir con la edificación del poder popular, el Presidente promueve los Consejos Estudiantiles como espacios de construcción de una subjetividad estudiantil revolucionaria.

Esta estrategia aspira la organización popular sectorial para luchar por cambios concretos y transformar al Estado. Como espacios de síntesis organizativa, los Consejos Estudiantiles para el Poder Popular estimulan la confluencia de l@s estudiantes como sujetos de cambio de esta educación esclavizante. Apuntan a ser estructuras funcionales a los valores del socialismo, que promuevan el encuentro y la solidaridad en vez de la competencia político-electoral.

Pero esta organización no puede ser otra medida efectista, puede y debe ser una fundación consciente. No requiere una ley particular que apruebe y negocie una Asamblea Nacional que todavía no obedece a los intereses populares. Al ser una organización gremial de un sector en lucha contra el orden educativo imperante, puede darse unos estatutos propios que sean resultado del intercambio y de un proceso integrador constante de acción-reflexión-acción.

Tareas urgentes
- Reconstruir el tejido social que sustente la organización popular y estudiantil. Esto pasa por generar espacios de articulación y coordinación, de construcción programática, metodológica y organizativa, en los cuales pongamos en común nuestras coincidencias y discutamos nuestras diferencias (sin agotarnos). Condiciones indispensables: Voluntad, humildad y espíritu unitario del colectivo.

- Elaborar programas mínimos de consenso que nos permitan avanzar hacia estadios de mayor efectividad política, así como planes que contextualicen estos programas a la realidad de cada institución, programa o facultad, escuela, etc. Condiciones indispensables: Metodologías que faciliten la construcción colectiva.

- Constituir, sobre la marcha, los Consejos Estudiantiles y los Consejos de Trabajador@s para el Poder Popular, para practicar el socialismo en lo concreto y atacar la institución educativa capitalista celularmente, que es como realmente surgen y se desintegran los sistemas. Condiciones indispensables: Consciencia de la progresividad y el movimiento en los procesos sociales.

- Re-lanzar el Proyecto Educativo Nacional como un proyecto educativo que se realizó a partir de un ejercicio constituyente y tiene plena vigencia, para que sea discutido y refrendado como una nueva Ley Orgánica de Educación. Condiciones indispensables: Voluntad política, organización y movilización popular.

- Promover en un Proyecto de Ley de Educación Superior elementos como: a) el voto igualitario entre estudiantes, docentes y trabajador@s; b) los Consejos del Poder Popular; c) un nuevo Sistema de Ingreso a las Universidades y; d) una nueva composición en los órganos de co-gobierno (inclusive para las universidades experimentales), para cambiar la composición social y política en las instituciones de educación superior. Condiciones indispensables: Todas las anteriores.